Jesús Cascón
Empiezo reconociendo que tengo una deuda con los lectores de Bejarnoticias, a los que les prometí un nuevo capítulo acerca de la labor que algunos concejales del actual Equipo de Gobierno vienen desarrollando a lo largo de este mandato y de cómo su trabajo viene minando, y de que manera la credibilidad de Cipriano González.
Tras repasar la labor de tres de ellos me había comprometido un análisis en profundidad, en la medida de lo posible, del trabajo del Concejal de Urbanismo, pero he de confesarles que en estos momentos me falta el ánimo para un nuevo análisis de este tipo. Un día de estos les prometo que cumpliré mi promesa, o les daré las explicaciones sobre el porqué he decidido no continuar con este tipo de análisis. Pero mientras llega ese día, no me puedo resistir comentar una noticia que apenas ha tenido repercusión en los medios locales y provinciales. Cosa que por otra parte no me extraña, porque aunque en Béjar los ciudadanos decidieron, no se si sabiamente, o no, un cambio de gobierno en nuestro Ayuntamiento (cosa de la que me considero especialmente culpable en la medida que mis críticas y la labor de este medio, tanto en su edición digital como impresa, pudo influir en aquella decisión) el papel de los medios informativos continúa siendo el mismo con Alejo que sin Alejo. Un papel de complicidad absoluta, de subordinación, y es que ya sabemos que por desgracia, y máximo en una época de crisis como la que vivimos, la publicidad institucional es una de las principales fuentes de ingreso, y por tanto hay que mantener las formas con el “poder”, auque ello conlleve, el consabido silencio a la hora de informar de lo que verdaderamente interesa a los ciudadanos. La noticia en cuestión y que me ha sorprendido el poco eco que ha tenido en nuestros medios bejaranos se refería a que: “El PP de Béjar tendrá que pagar al bufete que defendió la inauguración electoralista de la Plaza Mayor”. Algo que dio tanto de qué hablar durante apenas hace dos años, y que ahora incomprensiblemente, apenas ha sido reflejada en los medios locales y provinciales. Pero más allá de la información, hay algo muy chocante y que no me gustaría pasar por alto. Y eso no es otro que el hecho de que el alcalde de entonces, Alejo Riñones, decidiese contratar los servicios de ese bufete de abogados para recurrir ante la Junta Electoral Provincial la sentencia de la Junta Electoral de Zona que la ratificó. ¿Un Alcalde o Ayuntamiento recurriendo sentencias de Juntas Electorales?
Ahora como se refleja en la sentencia, el juez con buen criterio entiende que la contratación de los abogados no la realizó el Ayuntamiento que en ese momento regía los destinos de la ciudad, sino que la contratación se realizo por un partido político, o candidatura electoral, en este caso el PP de Béjar. El juez continúa aclarando que para que la factura o ese gasto, pudiera achacarse al Ayuntamiento, el mismo debería haber contado con la necesaria aprobación por parte de la Comisión correspondiente y con la resolución de la Alcaldía. Al no producirse ninguna de estas dos condiciones necesarias, el juez ha decidido finalmente exonerar al actual Ayuntamiento de este gasto, aunque eso sí el actual Equipo de Gobierno deberá afrontar el pago de la minuta de los abogados contratados para defender al Ayuntamiento.
Ante esta sentencia me cabe preguntarme, y hacer extensible esta pregunta al resto de bejaranos ¿Ésta era lo tónica habitual del anterior Equipo de Gobierno Popular? ¿Así hacían todas las contrataciones? ¿Esta forma de actuar, denunciada por la oposición de antes, podría considerarse como perjudicial para los intereses de los bejaranos, quien al fin y al cabo con sus impuestos habrían sido los “paganos” de estos desmanes?Por añadidura, ese bufete de Salamanca, según nos cuentan, en información pendiente de confirmar, tiene una “delegación” en Béjar: TGC ¿Quién está en TGC?: ¿Lo adivinan?
Ahora ante este nuevo episodio entenderán los lectores de este medio porque desde que el actual alcalde tomara posesión del cargo insistiéramos en la necesidad de que se hubiera realizado una auditoria, que hubiera puesto las cosas claras y hubiese demostrado a los bejaranos la situación real en la que se encontraban las arcas municipales, tras doce años de ¿gobierno? Popular. Un gobierno y un Ayuntamiento presidido por Alejo Riñones, un alcalde que con bastante frecuencia solía confundir, por lo visto, los intereses públicos con los del partido.
