La Comisión Gestora de la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE, coordinada
en Salamanca por el bejarano Ramón Hernández Garrido, ha hecho pública su apuesta por la derogación del artículo 135
de la Constitución Española.
La crisis económica y financiera fue la excusa para llevar
al Congreso un texto que fue acordado la medianoche del 25 de agosto de 2011
por el PSOE y el PP. Una iniciativa llevada a cabo con anormal rapidez, al
objeto, se nos dijo entonces, de fortalecer la confianza en la estabilidad de
la economía española a medio y largo plazo.
Una propuesta de reforma del artículo 135 de la Constitución
que con la redacción alcanzada, proporciona efectivamente una mayor garantía
del principio de estabilidad presupuestaria, principio que, conviene
recordarlo, ya estaba introducido con anterioridad en el texto constitucional,
pero también introduce una limitación del gasto y del déficit estructural de
todas las Administraciones Públicas (central, autonómica y local) que supone un
límite estricto y sin precedentes al gasto público en España.
Izquierda Socialista ha mantenido siempre que la estabilidad
presupuestaria puede lograrse mediante otras herramientas a disposición del
Estado, redistribuyendo equitativamente el esfuerzo, recortando gasto superfluo
en lugar de gasto social, y persiguiendo decididamente el fraude fiscal para
aumentar los ingresos. Por otro lado, una reforma constitucional de este calado
se emprendió sin más apoyo que la simple aritmética democrática y sin más razón
que una respuesta rápida y solemne a las presiones internacionales sobre la deuda
española. Fue sólo un gesto, un mensaje de “austeridad y rigor” a los mercados.
Un mensaje de “certidumbre y confianza” a Europa. Sin embargo, ese “gesto” no
nos ha acarreado más que la excusa apropiada para rescates financieros, recortes
sociales y deuda pública asfixiante. O lo que es lo mismo, pobreza, paro insoportable,
deterioro inadmisible de los servicios públicos, y ruina de nuestro incipiente Estado
de bienestar.
No eran éstas las medidas contra la crisis económica y
financiera que demandábamos los ciudadanos. La reforma express de la
Constitución, la primera de gran calado en sus 35 años de vigencia, no
respondió en ningún momento a las demandas de la ciudadanía. Todo lo contrario.
Y lo que es más grave, tampoco ha servido para combatir la crisis económica y
financiera, por mucho que algunos se empecinen en querer hacérnoslo ver. Lo
cierto es que las promesas y proclamadas bondades del artículo 135 de la Constitución
no han pasado el filtro de la realidad.
Es innegable que la carga de la deuda pública, contraída en
contra del interés general, es la pieza que bloquea la recuperación de la
economía. Y la reforma ha venido a dar cobertura a las políticas antisociales,
difícilmente reversibles, que ha puesto en marcha el PP allá donde gobierna.
Las previsiones del artículo 135 han ido directamente en
contra del mantenimiento y desarrollo del Estado social que proclama la
Constitución. Que se lo pregunten si no a los parados, a los jóvenes, a los
pensionistas, a los inmigrantes, a los preferentistas, a los afectados por
hipotecas, a las familias y empresas a las que se ha cerrado el acceso al crédito,
o a los trabajadores, en situación de involución laboral.
Hacer frente a los recortes y al austericidio es hoy un clamor
en la población. No podemos seguir tolerando más degradación social. Hay
alternativas. Necesitamos una nueva regulación de la estabilidad
presupuestaria, una regulación que no juegue en contra del Estado social. Para
ello hace falta derogar el artículo 135 de la Constitución, en su actual redacción.
No ha servido para lo se nos dijo iba a servir. No ha servido para lo que nos dice
su Exposición de Motivos que iba a servir: “un valor verdaderamente estructural
y condicionante del mantenimiento y desarrollo del Estado Social que proclama
el artículo 1.1 de la propia Ley Fundamental y, en definitiva, de la
prosperidad presente y futura de los ciudadanos”. Si no ha servido para esto,
¿qué razón democrática y ética justifica seguir manteniendo esta regulación,
cuando estamos viendo que es una rémora para la sostenibilidad social del
propio Estado?
Por todo ello, desde Izquierda Socialista proponemos la
derogación-modificación del
art.135 de la Constitución.
La propuesta aceptada en declaraciones del Secretario
General del PSOE en un lugar tan emblemático como la Escuela de Formación de
UGT “Julián Besteiro”, debe propiciar la sustitución del actual contenido del
citado artículo por otro de tendencia más social, que proteja, de conformidad
con lo que creemos es la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, los derechos de
universalidad y gratuidad de la educación y la sanidad, y la protección de
aquellos otros derechos asociados a la definición de Estado Social que asimismo
contempla la Constitución española vigente.
Por último, no podemos detenernos en la modificación del
artículo 135 y no dar más pasos adelante, la derogación tendría un efecto
simbólico sin duda muy relevante para la ciudadanía (produciendo el efecto
contrario al que produjo su modificación en 2011), pero los importantes efectos
normativos los debemos reproducir en Europa y para ello hay que instar a la
izquierda europea a trabajar en este sentido.