Los procuradores del
PP han votado en contra, y rechazado, en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León, una Proposición No de Ley (PNL) presentada y defendida por la procuradora socialista bejarana, Ana
Muñoz de la Peña, en la que se
instaba a la Junta a “acudir en auxilio
subsidiario de los Ayuntamientos salmantinos a través de la firma de convenios de colaboración para
realizar las actuaciones y obras
precisas en las carreteras de titularidad municipal de la provincia que lo precisen, y de esta manera, garantizar el
tráfico y la seguridad vial”.
Muñoz de la Peña justificó
esta propuesta “en las dificultades
económica por las que atraviesan muchos de los Consistorios
salmantinos, en especial los de pequeña entidad, lo que unido a las inclemencias meteorológicas, la antigüedad y la falta de mantenimiento de la red viaria competencia de los
Ayuntamientos, ha supuesto que la
seguridad y el tránsito por estas carreteras municipales resulte peligroso y en ocasiones se
conviertan en intransitables”.
Salamanca, según datos del Ministerio de Fomento, cuenta con
240 vías municipales interurbanas, unos
730 Km de carretera, cuya
competencia pertenece a los Ayuntamientos, “y que no reciben ni siquiera la asistencia
de la Diputación provincial incapaz de mantener y conservar su propia red
viaria bajo su titularidad”.
La procuradora socialista bejarana añadió que “el Plan Regional Sectorial de Carreteras
2008-2020 contempla una partida de 117
millones de euros para acometer actuaciones complementarias y necesarias en
la red municipal de carreteras de titularidad de las Corporaciones Locales, y
además prevé una fórmula para financiar
las actuaciones que realicen los Ayuntamientos en las carreteras de su
titularidad, que se sustanciará vía convenio de colaboración entre las partes”.
En base a esto, “resulta incomprensible”,
ha concluido Ana Muñoz de la Peña, “que los
procuradores del PP se nieguen a solicitar a sus propios compañeros en el
gobierno regional el cumplimiento de sus propias políticas, y aplicar los
instrumentos existentes en beneficio de los ciudadanos y para cubrir
necesidades del resto de instituciones y administraciones”.
