Escrito por Luis Iglesias Pérez
La presentación del Proyecto de Ley de
Presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2013 se ha producido cuando
conocemos que nuestra Comunidad ha perdido 20.000 habitantes en lo que va de
año, de los cuales 16.000 son jóvenes. La contundencia de estas cifras de
despoblamiento casi haría innecesaria cualquier valoración de los números que
ofrece el gobierno regional. Los castellanos y leoneses ya están reaccionado a
las políticas económicas y sociales dictadas por el neoliberalismo que ejecutan
sin discusión los ejecutivos de Madrid y Valladolid: Se van de esta Comunidad
porque no ven futuro alguno, no hay actividad, no hay empleo y la protección y
los servicios sociales van en franco retroceso.
Se trata del cuarto ejercicio consecutivo en el
que se reducen las partidas presupuestarias, un 2,45% para 2013 continuando una
senda cuyo único objetivo es la reducción del déficit. El cumplimiento del
límite del 0,7% es el altar en el que se sacrifica a los ciudadanos de Castilla
y León para satisfacer a los mercados que cada vez son más exigentes. Se trata
de un objetivo difícilmente accesible en la actual recesión, que amenaza con
convertirse en depresión. Manejar como escenario una caída del PIB regional del
0,9% resulta a todas luces descabellado, y más renunciado a medidas de estímulo
que inviertan la situación económica. Pero el gobierno de Juan Vicente Herrera
ha abrazado fervientemente el credo de la austeridad por la austeridad sin
ningún objetivo de futuro.
El gasto del que van a poder disponer la
Consejerías para realizar sus políticas se reduce en un 6,1% por lo que se
restringe notablemente la capacidad de articular medidas que beneficien a los
ciudadanos.
Por otro lado, las nuevas figuras impositivas
con la recuperación del impuesto de patrimonio y de sucesiones difícilmente
compensarán el descenso que se produzca en los tributos como Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos. Al menos, se reconoce el error cometido al
eliminar Patrimonio y Sucesiones, algo que ya denunció en su día Izquierda
Republicana.
La Junta pretende presentar estos Presupuestos
como sociales justificando el calificativo al experimentar las partidas
dedicadas a educación, sanidad y servicios sociales una reducción menor (aun así
hablamos del 5,51%) que en otros epígrafes, pero esta afirmación queda
desmentida por una realidad de degradación de estos servicios públicos con
recortes de personal y de la calidad de su prestación. Las protestas de
colectivos de profesores, alumnos, padres, médicos, enfermeras, pacientes,
beneficiarios de la Ley de Dependencia son continuas denunciando la verdadera
realidad que esconden las cifras edulcoradas ofrecidas por el gobierno
autonómico.
En lo referente a la inversión, la reducción es
de un 5,9%, lo que dará lugar a una mayor reducción de la actividad económica
con el consiguiente aumento del desempleo.
No hay un verdadero planteamiento de
persecución del fraude fiscal y las medidas que incrementan la progresividad
fiscal solo se pueden calificar de raquíticas.
En definitiva, tenemos que hablar de un Proyecto de Presupuestos que profundiza en
la absurda deriva en la que se ha embarcado el ejecutivo del Partido Popular
hace cuatro años. No son unos presupuestos creíbles ni sostenibles ya que no
cumplirán con los objetivos que se pretende alcanzar pero tampoco serán inocuos:
Van a deteriorar enormemente las difíciles condiciones de vida de los
castellanos y leoneses más desfavorecidos enseñándoles la puerta de salida hacia
la emigración. Con estás políticas que respaldan las que dicta el Gobierno de
Rajoy en el mismo sentido el futuro de Castilla y León es más que negro,
inexistente.